Crimen y Castigo: activismo de las agencias federales en Puerto Rico
Truena la FDIC contra banqueros locales, por Beatríz de la Torre, El Vocero
FDIC seeks $2.2B in R-G Premier Bank losses, por José L. Carmona
Federales someten acusaciones por la masacre de La Tómbola, por Melissa Correa Velázquez, El Vocero
El contenido de los reportajes que encabezan este artículo confirman que las autoridades federales han decidido actuar agresivamente ante la corrupción política y gubernamental, las practicas ilegales e irresponsables de negocios, particularmente en la industria bancaria, y las actos criminales vinculados al narcotráfico en Puerto Rico. Los primeros dos se refieren a actividades en la industria bancaria, y el último de ellos a la masacre de La Tómbola.
Si alguien tenía dudas de que los diferentes organismos del gobierno federal están limpiando la casa en la colonia, debe dar un paso atrás, y mirar el bosque nuevamente. En esa reflexión sugiero no dejarse guiar por la acostumbrada práctica de tratar de identificar a qué partido político pertenecen los involucrados, sospechosos, imputados o acusados, según sea el caso.
A modo de ejemplo, el cuadro que presentan los reportajes sobre la industria bancaria involucra a personas que podrían asociarse a cualquiera de los partidos políticos de la isla. Aunque entre los involucrados encontramos personas de prominencia en el Partido Popular Democrático (Juan Agosto Alicea, Ileana Colón de Carlo, entre otros), las actividades ilegales que los reguladores bancarios están atacando, y por las que están exigiendo compensación, no están condicionadas por la filiación política de ninguno de sus actores. El elemento en común de los involucrados no es político partidista, sino su ubicación en los niveles de poder económico de la sociedad puertorriqueña.
Los reportajes de Beatriz de la Torre y de José L. Carmona, de El Vocero y el Caribbean Business respectivamente, identifican toda una serie de prácticas en el desarrollo de las actividades prestatarias, particularmente en el ámbito comercial, que violaron diversas disposiciones legales y regulaciones.
Si esas violaciones formaron parte, como sostienen algunos, de un esquema mayor de fraude premeditado, de lavado de dinero, evasión contributiva, o cualesquiera otras actividades delictivas; o si las personas que son mencionadas en los reportajes participaron directa o indirectamente en cualesquiera de esas actividades, sólo el desarrollo de las investigaciones federales podrá ofrecernos la contestación.
De lo que no hay duda, sin embargo, y como indiqué al principio, es que las autoridades federales están actuando a toda marcha ante el abundante paisaje de actividades ilegales y criminales que presenta Puerto Rico, esta isla de sol radiante, de hermosas y voluptuosas palmeras, de playas arrulladas por un mar eternamente turquesa, y un cielo siempre límpido de mágico primor.
Nota: Vea además el reportaje del 25 de febrero de 2011 de Beatriz de la Torre en El Vocero, titulado: Tímido reclamo del FDIC a Westernbank
FDIC seeks $2.2B in R-G Premier Bank losses, por José L. Carmona
Federales someten acusaciones por la masacre de La Tómbola, por Melissa Correa Velázquez, El Vocero
El contenido de los reportajes que encabezan este artículo confirman que las autoridades federales han decidido actuar agresivamente ante la corrupción política y gubernamental, las practicas ilegales e irresponsables de negocios, particularmente en la industria bancaria, y las actos criminales vinculados al narcotráfico en Puerto Rico. Los primeros dos se refieren a actividades en la industria bancaria, y el último de ellos a la masacre de La Tómbola.
Si alguien tenía dudas de que los diferentes organismos del gobierno federal están limpiando la casa en la colonia, debe dar un paso atrás, y mirar el bosque nuevamente. En esa reflexión sugiero no dejarse guiar por la acostumbrada práctica de tratar de identificar a qué partido político pertenecen los involucrados, sospechosos, imputados o acusados, según sea el caso.
A modo de ejemplo, el cuadro que presentan los reportajes sobre la industria bancaria involucra a personas que podrían asociarse a cualquiera de los partidos políticos de la isla. Aunque entre los involucrados encontramos personas de prominencia en el Partido Popular Democrático (Juan Agosto Alicea, Ileana Colón de Carlo, entre otros), las actividades ilegales que los reguladores bancarios están atacando, y por las que están exigiendo compensación, no están condicionadas por la filiación política de ninguno de sus actores. El elemento en común de los involucrados no es político partidista, sino su ubicación en los niveles de poder económico de la sociedad puertorriqueña.
Los reportajes de Beatriz de la Torre y de José L. Carmona, de El Vocero y el Caribbean Business respectivamente, identifican toda una serie de prácticas en el desarrollo de las actividades prestatarias, particularmente en el ámbito comercial, que violaron diversas disposiciones legales y regulaciones.
Si esas violaciones formaron parte, como sostienen algunos, de un esquema mayor de fraude premeditado, de lavado de dinero, evasión contributiva, o cualesquiera otras actividades delictivas; o si las personas que son mencionadas en los reportajes participaron directa o indirectamente en cualesquiera de esas actividades, sólo el desarrollo de las investigaciones federales podrá ofrecernos la contestación.
De lo que no hay duda, sin embargo, y como indiqué al principio, es que las autoridades federales están actuando a toda marcha ante el abundante paisaje de actividades ilegales y criminales que presenta Puerto Rico, esta isla de sol radiante, de hermosas y voluptuosas palmeras, de playas arrulladas por un mar eternamente turquesa, y un cielo siempre límpido de mágico primor.
Nota: Vea además el reportaje del 25 de febrero de 2011 de Beatriz de la Torre en El Vocero, titulado: Tímido reclamo del FDIC a Westernbank
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